Según la Organización de las Naciones Unidas, el progreso hacia una mejor calidad educativa era más lento de lo requerido incluso antes de la pandemia. La irrupción de la covid-19 agravó esta situación, generando impactos negativos en los sistemas educativos.
En un contexto educativo poco favorable, se han impulsado esfuerzos para replantear las políticas educativas y fortalecer el marco normativo, con iniciativas que atienden desde necesidades académicas hasta las socioemocionales.
Comenzando con lo anunciado en la nombrada “Agenda del Progreso” del Gobierno, destinarán más de 700 millones de pesos a infraestructura educativa, becas y apoyos escolares como mochilas, útiles y uniformes. Con ello, se pretende garantizar condiciones más equitativas para estudiantes de primaria y secundaria, respaldadas además por la elevación a rango constitucional de los programas sociales que otorgan estos beneficios. 
En el ámbito legislativo a nivel local, una de las propuestas más significativas ha sido la incorporación del modelo de educación dual en la Ley de Educación del Estado. Este esquema combina la formación en las aulas con prácticas en empresas, ofreciendo a los jóvenes una preparación más cercana a la realidad laboral. Junto a ello, se plantearon reformas para fortalecer la enseñanza de idiomas, garantizar acompañamiento psicopedagógico y promover la igualdad de género.
Otro eje de discusión ha sido la educación socioemocional y la ciudadanía digital. Las propuestas buscan integrar estas dimensiones como ejes en los planes de estudio, reconociendo que el futuro no depende únicamente del conocimiento técnico, es necesario estimular la capacidad de gestionar emociones, convivir en la diversidad e interactuar responsablemente en entornos digitales. La iniciativa responde a un contexto marcado por el uso intensivo de tecnologías, la exposición a desinformación en redes sociales y los retos emocionales derivados del estrés y la violencia.
Se presentó una iniciativa para incorporar programas de salud mental en los planes de estudio, alineando la normativa con estándares internacionales. Con ello se abriría la puerta a protocolos escolares, materiales docentes, diagnósticos, capacitación continua y coordinación con servicios de salud, todo enfocado en el bienestar emocional de niñas, niños y jóvenes.
La prevención del acoso escolar y la violencia digital también ocupa un lugar destacado. Se planteó la creación de lineamientos claros para que las autoridades educativas atiendan estas problemáticas y fomenten un uso pedagógico de la tecnología, con el fin de construir entornos seguros y responsables para la comunidad estudiantil.
Asimismo, se propuso otorgar licencias académicas a estudiantes embarazadas o en periodo de paternidad, permitiéndoles poner en pausa sus estudios sin perder sus derechos. Esta medida busca garantizar la continuidad educativa y la inclusión de quienes enfrentan estas circunstancias.
Paloma Anguiano
Foto principal: Movimiento Antorchista Nacional
