El reparto de utilidades, también conocido como Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), es un derecho constitucional que garantiza a los trabajadores una parte de las ganancias netas de las empresas en México. Este derecho está fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulado más específicamente por la Ley Federal del Trabajo.
Obligación de las empresas y beneficiarios del reparto
Cualquier empresa operando como persona física o moral, dedicada a la producción o distribución de bienes y servicios y con ingresos anuales superiores a 300 mil pesos, está obligada a compartir el 10% de sus utilidades netas con sus trabajadores.Las utilidades netas se calculan a partir de la renta gravable de la empresa, que se determina después de restar las deducciones autorizadas a los ingresos totales obtenidos durante el ejercicio fiscal.
El reparto de utilidades se debe a todos los trabajadores que hayan estado empleados por la empresa durante al menos 60 días en el año fiscal correspondiente, independientemente de si continúan trabajando para la empresa en el momento del pago. Esto incluye a empleados de tiempo completo, medio tiempo y temporal. 
Cálculo y distribución de utilidades
El cálculo para la distribución del PTU se realiza tomando el 10% de las utilidades netas de la empresa. Este monto se divide en dos partes iguales: la primera se distribuye entre todos los trabajadores, considerando los días trabajados durante el año y la segunda parte se distribuye en proporción al salario de cada empleado.
Las empresas tienen plazos establecidos para cumplir con esta obligación: el 30 de mayo para las personas morales y el 29 de junio para las personas físicas. Estos plazos aseguran que los trabajadores reciban sus beneficios de manera oportuna cada año.
En conclusión, el reparto de utilidades en México es un derecho laboral que garantiza a los trabajadores una participación en las ganancias netas de las empresas. Este beneficio se calcula en base al 10% de las utilidades netas y se distribuye equitativamente entre los empleados, considerando los días trabajados y el salario de cada uno. Los plazos establecidos para cumplir con esta obligación aseguran que los trabajadores reciban su parte correspondiente de manera oportuna cada año.
