La discusión sobre el agua volvió al centro de la conversación pública. En medio de protestas, negociaciones y posturas encontradas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Las sesiones se extendieron hasta la noche del 3 de diciembre, momento en que Morena y sus aliados avalaron un paquete de modificaciones tras días de presión social.
¿Cómo empezó el debate?
El 9 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa para expedir una nueva Ley General de Aguas y actualizar la legislación vigente desde 1992.
La propuesta busca garantizar el derecho humano al agua, proteger el recurso, evitar su explotación indiscriminada y reorganizar el sistema de concesiones. Desde entonces, agricultores y productores iniciaron movilizaciones en distintos estados para pedir ajustes que evitaran afectaciones a su patrimonio. 
Los ejes de la nueva Ley General de Aguas
De acuerdo con el dictamen avalado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, la iniciativa plantea transformaciones relevantes, entre ellas:
- Garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico.
- Mantener al Estado como único regulador del uso del agua.
- Eliminar la transferencia de derechos entre particulares.
- Reasignar concesiones no utilizadas adecuadamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
- Reconocer la responsabilidad hídrica y la seguridad hídrica como criterios de ordenamiento.
- Transformar el Registro Público de Derechos de Agua en un Registro Nacional del Agua con mayor control y trazabilidad.
- Definir reglas para concesiones agrarias que garanticen soberanía alimentaria.
- Ajustar el pago de cuotas para evitar acaparamiento.
- Incorporar un catálogo de delitos hídricos dentro del régimen de sanciones.
Durante su conferencia del 3 de diciembre, la presidenta Sheinbaum reiteró que la propuesta busca dejar atrás la idea del agua como mercancía, para entenderla como derecho básico y recurso estratégico.
Un debate que subió de tono
La discusión se tornó tensa conforme avanzó la votación. Diputados del PAN, PRI y MC criticaron que no se consultó de forma suficiente a pueblos y comunidades indígenas, además de advertir que el artículo 22 podría afectar la transmisión de derechos. Al mismo tiempo, Morena respondió señalando que históricamente ciertos grupos privilegiados concentraron la explotación de cuencas y acuíferos.
La postura del sector minero
El sector minero fijó postura a través de un comunicado publicado el 2 de diciembre por la Cámara Minera de México (CAMIMEX). La organización expresó preocupación ante la redacción del Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que podría limitar la instalación de infraestructura minera en zonas montañosas donde se ubican la mayoría de los yacimientos.
CAMIMEX pidió revisar a detalle este artículo, ya que su aplicación podría generar impactos en la continuidad operativa de proyectos mineros y en la producción de minerales esenciales para la industria nacional.
El avance de esta reforma marca un momento decisivo en la forma en que México administra uno de sus recursos más importantes. Las cifras y ajustes pendientes ayudarán a comprender el alcance real de los cambios y a evaluar su impacto en la vida cotidiana, en los sectores productivos y en las comunidades que dependen del agua para su desarrollo.
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