En un país donde la producción agrícola depende del acceso al agua, las decisiones legislativas pueden cambiar el rumbo de comunidades enteras. Durante el debate de la nueva Ley de Aguas en el Senado, la senadora Amalia García Medina expuso su preocupación por el impacto que esta legislación tendrá en los productores del semidesierto zacatecano, quienes sostienen cultivos esenciales para México.
Durante su participación, García Medina presentó reservas orientadas a garantizar certeza jurídica para quienes dependen del recurso hídrico para mantener la producción de alimentos. Recordó que Zacatecas es un estado fundamental en la siembra de frijol, chile y ajo, donde las condiciones de escasez de agua requieren esfuerzos extraordinarios por parte de las y los productores.
La senadora subrayó que no se puede equiparar la disponibilidad hídrica del sureste con la del semidesierto zacatecano. Las comparaciones territoriales, explicó, omiten que 500 hectáreas en una región árida plantean retos muy distintos a los que enfrentan zonas con abundancia de agua. 
Rechazo a la criminalización de las protestas
García Medina expresó su desacuerdo con las acusaciones dirigidas hacia ciudadanos y productores que se manifestaron en distintos puntos del país. Afirmó que el derecho a la protesta, la reunión y la expresión forman parte de las libertades constitucionales que costaron décadas construir.
Compartió que conoció personalmente a quienes se trasladaron desde Zacatecas para exigir certidumbre en el uso del agua y calificó como injusto que se les haya criminalizado.
Un debate pendiente: los grandes consumidores
Otro de los puntos señalados fue la falta de un análisis profundo sobre los sectores que concentran el mayor uso del recurso. La senadora recordó que en Zacatecas la actividad minera encabeza el consumo de agua y que una cervecera ocupa el segundo lugar. Ambos utilizan volúmenes muy superiores a los de los productores agrícolas.
También destacó la brecha en la recaudación por derechos de concesión. A pesar de existir más de 310 mil concesionarios en 2022, solo 8 mil realizaron pagos, lo que redujo significativamente los ingresos esperados: de 58 mil millones de pesos se recaudaron 12 mil millones.
Conagua, con menos capacidad operativa
La legisladora advirtió que la Comisión Nacional del Agua enfrenta una caída presupuestal de 46 por ciento entre 2022 y 2024. Esta reducción compromete su capacidad de supervisión, análisis técnico y operación, elementos fundamentales para aplicar la ley con eficiencia.
Preguntó cómo podrá funcionar la institución con casi la mitad de los recursos anteriores y cómo garantizará justicia hídrica en un país con condiciones tan dispares.
García Medina reconoció que las movilizaciones ciudadanas permitieron incorporar modificaciones relevantes a la iniciativa, aunque consideró que aún son insuficientes para garantizar seguridad jurídica a los productores del semidesierto. Por ello, insistió en la necesidad de una revisión más amplia de la legislación.
Una reserva para otorgar certidumbre
Entre las propuestas presentadas, destacó su reserva al artículo 37 Bis 1, que busca incorporar la figura de afirmativa ficta en trámites de transmisión de derechos derivados de concesiones de agua. Aunque la ley establece que estos procedimientos deben resolverse en un máximo de 20 días hábiles, la senadora subrayó que en la práctica pueden tardar hasta cuatro años, lo que afecta de manera directa la producción agrícola.
“Si la ley dice que se resolverá en 20 días, que así sea”, expresó al insistir en la urgencia de ofrecer certidumbre administrativa.
Al concluir su intervención, García Medina pidió replantear la visión centralista de la Ley de Aguas para reconocer las condiciones particulares de regiones como Zacatecas, donde producir alimentos requiere enfrentar la escasez de agua con esfuerzo y resistencia.
“El agua es vida y alimento. Los productores del semidesierto merecen justicia hídrica, certidumbre y un trato digno, no criminalización”, afirmó.
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