Lo que comenzó como un problema financiero terminó por sacudir al gobierno de Paraguay. La intervención de Ueno Bank dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso temporal a sus ahorros y abrió una crisis política que alcanzó al presidente Santiago Peña, quien anunció su renuncia mientras el Congreso avanzaba con un proceso de juicio político.
El caso también generó protestas, investigaciones contra directivos y señalamientos por posibles conflictos de intereses relacionados con la institución bancaria.
El martes, el Banco Central de Paraguay tomó el control de Ueno Bank luego de detectar que su nivel de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la regulación. La medida buscaba atender los problemas financieros y proteger los recursos de los clientes. 
La institución tenía cerca de tres millones de usuarios, casi la mitad de la población paraguaya, además de administrar recursos del Instituto de Previsión Social y del Ministerio de Economía y Finanzas.
La Fiscalía ordenó detener a ocho directivos para investigar el caso. La situación también involucró a Peña, quien fue accionista del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank, hasta marzo de 2025. Por su parte, Carlos Carvallo dejó la presidencia del Banco Central a petición del mandatario; anteriormente había dirigido la financiera Ueno.
Protestas y acusaciones contra el gobierno
El miércoles, Peña promulgó una ley para devolver la mayor parte del dinero a los clientes en menos de una semana. Sin embargo, las movilizaciones continuaron en Asunción, donde cientos de personas exigieron recuperar sus ahorros y pidieron responsabilidades a las autoridades. Las protestas terminaron en enfrentamientos con la policía.
Ese mismo día, 35 diputados de oposición y disidentes del partido gobernante presentaron una acusación para iniciar un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. Los legisladores señalaron posibles conflictos de intereses y acusaron al presidente de favorecer al banco mediante decisiones regulatorias y la colocación de recursos públicos y previsionales.
La crisis se profundizó cuando Horacio Cartes, dirigente del Partido Colorado, anunció que su bancada respaldaría el juicio político. Ante la pérdida de ese apoyo, Peña comunicó mediante un video en X su decisión de renunciar y ofreció disculpas a la población.
Aunque los 78 diputados presentes aprobaron por unanimidad la acusación, la renuncia quedó pendiente porque el Congreso suspendió la sesión en la que debía votarse su aceptación, por falta de quórum.
El Senado formalizó posteriormente la acusación y programó el inicio del juicio político para el viernes a las 10:00 horas locales. Además, la Fiscalía abrió una investigación penal por posibles irregularidades en la supervisión de Ueno Bank y la colocación de fondos públicos.
La crisis mantiene dos frentes abiertos: la recuperación del acceso a los ahorros de los clientes y el proceso político y penal que enfrenta el presidente paraguayo.
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