La senadora Amalia García Medina, del Movimiento Ciudadano (MC), ha presentado una propuesta de decreto que busca redistribuir los ingresos generados por las concesiones mineras. El objetivo es restaurar y beneficiar a las comunidades afectadas por la actividad minera.
García Medina destacó la importancia de establecer un Fondo de Aportaciones para la Restauración dentro de la Ley de Coordinación Fiscal. Este fondo se financiaría con los derechos pagados por las empresas mineras y se distribuiría de la siguiente manera: el 70% iría a los municipios y el 30% a la Hacienda pública de cada estado con concesiones mineras.
El uso del nuevo fondo estaría restringido a proyectos que beneficien el medio ambiente y la sociedad, tales como: 
- Restauración ecológica
- Saneamiento y potabilización del agua
- Prevención de la contaminación del agua y ecosistemas acuáticos
- Infraestructura local
- Generación de energías renovables
- Transporte público sustentable
- Políticas para preservar y aprovechar la flora y fauna silvestre
- Programas de desarrollo social evaluables
Esta iniciativa surge tras la eliminación del Fondo Minero en 2020, lo que ha agravado lo que ha agravado la falta de oportunidades económicas en las zonas donde se realiza actividad minera. La senadora enfatizó que es crucial restablecer un mecanismo que dirija recursos hacia proyectos ambientales, educativos y de salud en estas comunidades, contribuyendo así a los objetivos de sostenibilidad.
Amalia García también mencionó que, hasta 2022, México ocupaba el sexto lugar mundial en producción de oro y el primero en Latinoamérica, con un 4.3%. Además, lidera en producción de plata (28.2%) y ocupa posiciones destacadas en cobre (3.9%), zinc (noveno lugar) y plomo (cuarta posición con 10.1%). En Zacatecas, se generan más de 2,380 millones de pesos anuales gracias a esta industria, que emplea a 14,813 personas.
Para concluir, García Medina estimó que si se implementa el fondo según lo propuesto, en 2023 se podrían destinar aproximadamente 3,700 millones de pesos a las entidades federativas y 8,634 millones a los municipios
