Tras su promulgación por el presidente Emmanuel Macron, este miércoles fue publicada en el Diario Oficial de la República Francesa la ley que establece el derecho a la “ayuda a morir”, mediante una forma de eutanasia o, en determinadas circunstancias, suicidio asistido.
De acuerdo con EFE, la norma fue adoptada definitivamente por la Asamblea Nacional el 15 de julio y posteriormente validada por el Consejo Constitucional. Su aplicación está prevista para enero de 2027, una vez publicados los decretos correspondientes.
¿Qué establece la nueva ley?
El texto crea el derecho a solicitar ayuda para morir. La decisión debe ser ejercida por la propia persona y, únicamente cuando exista una incapacidad física para hacerlo, puede intervenir un médico o enfermero bajo la modalidad de suicidio asistido. 
Para acceder a este derecho se deben cumplir determinadas condiciones:
- Ser mayor de edad y tener nacionalidad francesa o ser residente en Francia.
- Padecer una enfermedad grave e incurable.
- Presentar un pronóstico vital comprometido en fase avanzada o terminal.
- Tener un deterioro irreversible de la salud y la calidad de vida.
- Experimentar sufrimiento físico o psicológico derivado de la enfermedad que no pueda ser aliviado o que resulte insoportable para el paciente.
- Contar con plena capacidad de discernimiento y expresar una voluntad libre y consciente.
El sufrimiento exclusivamente psicológico, sin una patología física grave subyacente, no permite acceder al procedimiento.
Evaluación y periodo de decisión
La solicitud debe realizarse ante un profesional sanitario y formalizarse por escrito. Posteriormente, será sometida a una evaluación colegiada.
El profesional deberá emitir una respuesta motivada en un plazo máximo de 15 días desde la solicitud. En caso de aprobación, la persona deberá confirmar su decisión después de un periodo mínimo de reflexión de dos días.
Con la publicación de la ley, Francia completa una etapa del proceso legislativo y establece las condiciones bajo las cuales podrá ejercerse este nuevo derecho. Su entrada en aplicación está prevista para enero de 2027, una vez que se emitan las disposiciones necesarias para ponerla en práctica.
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