El registro obligatorio de líneas celulares en México avanza con lentitud. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, apenas 30 millones de líneas han sido registradas de un total de 161 millones existentes en el país. Para Julieta del Río Venegas, especialista en transparencia y protección de datos personales, esta cifra muestra una creciente desconfianza ciudadana.
La medida fue planteada como una herramienta para prevenir delitos como la extorsión. Sin embargo, el bajo nivel de participación ha encendido alertas sobre la falta de certeza en torno al manejo de la información personal.
Miedo al uso de datos personales
Julieta del Río señaló que muchas personas dudan en compartir sus datos con las compañías telefónicas ante la falta de claridad sobre cómo serán resguardados.
Además, explicó que millones de mexicanos enfrentan diariamente:
- Llamadas de extorsión
- Fraudes telefónicos
- Mensajes engañosos
- Riesgos de robo de identidad
En ese contexto, entregar información personal genera incertidumbre. A esto se suma que la instancia encargada de esta función, anteriormente supervisada por el INAI, mantiene un perfil bajo y poca comunicación sobre los mecanismos de protección.
Persisten dudas sobre su efectividad
Otro de los cuestionamientos es si el padrón realmente servirá para combatir delitos. Especialistas han advertido que existen mecanismos, como los números virtuales, que permiten evadir el registro.
También se han reportado posibles filtraciones de datos personales desde las primeras etapas del padrón, lo que ha debilitado aún más la confianza de la población.
Julieta del Río advirtió que la falta de una autoridad fuerte y visible en materia de protección de datos complica la legitimidad de esta política.
La fecha límite establecida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es el 30 de junio. No obstante, todavía faltan más de 130 millones de líneas por registrar.
Para la especialista, aún hay tiempo para corregir el rumbo. Consideró necesario transparentar los procesos, informar mejor a la ciudadanía y garantizar medidas claras de seguridad para proteger los datos personales. De lo contrario, el lento avance del padrón podría convertirse en una señal de desconfianza cada vez más profunda.
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