En México, cada llamada al 089 por extorsión refleja un momento de tensión. Entre julio y noviembre de 2025, este delito acumuló 102 mil 800 reportes, lo que equivale a 649 llamadas cada 24 horas y una cada 2.2 minutos, de acuerdo con datos presentados por el Gobierno de México durante la LII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ante este panorama, las autoridades federales expusieron los primeros resultados de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y anunciaron un nuevo acuerdo para enfrentarla.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los reportes recibidos desde el 6 de julio forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Hasta el momento, esta estrategia ha permitido la detención de más de 600 personas en 22 estados del país. El funcionario puntualizó que, aunque las capturas representan un avance, el reto exige una coordinación más amplia entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. 
Un acuerdo para fortalecer la respuesta institucional
Durante su intervención, García Harfuch destacó que enfrentar la extorsión requiere un marco común entre autoridades estatales y federales. Por ello, se presentó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, cuyo propósito es mejorar la respuesta técnica y operativa frente a este delito.
Este acuerdo plantea:
- Armonización legislativa en los estados, con el fin de establecer criterios comunes en la investigación y sanción.
- Creación de áreas especializadas en fiscalías, y fortalecimiento de aquellas que ya existen.
- Fortalecimiento del funcionamiento del 089, para mejorar la recepción y seguimiento de denuncias.
- Elaboración de un manual nacional, que unifique los procesos de atención, investigación y persecución del delito.
La presentación del acuerdo se enmarca en un periodo donde la extorsión continúa afectando a comunidades, negocios y familias en diversas regiones del país. Las cifras reveladas muestran la magnitud del problema y subrayan la relevancia de contar con herramientas institucionales sólidas que permitan avanzar hacia una reducción sostenida de este delito.
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