En un reciente desarrollo político, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) ha invalidado las reformas a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que permitían la reelección de su presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, por un periodo de hasta ocho años. Esta decisión se tomó en una sesión pública. Los consejeros del INE argumentaron que las modificaciones a los estatutos fueron realizadas mientras un proceso electoral estaba en curso.
En el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, está prohibido realizar cambios a los documentos básicos de un partido durante un proceso electoral activo. Esto significa que cualquier reforma hecha en ese periodo no se considera válida o constitucional. La Comisión del INE determinó que, dado que las reformas al PRI se llevaron a cabo antes de que concluyera el proceso electoral, no pueden ser reconocidas.
¿Qué pasará con Alejandro Moreno y el PRI?
El consejero Arturo Castillo fue uno de los miembros del INE que se pronunció en contra de avalar estas reformas. Castillo destacó que las modificaciones se hicieron en un momento inapropiado. También recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha emitido sentencias que respaldan esta interpretación legal. 
“Se sostiene que la prohibición prevista en esta disposición legal aplica desde el inicio efectivamente del proceso electoral hasta la etapa de resultados y calificación de la elección, es decir, se trata de un criterio reiterado por la Sala Superior” expresó, Arturo Castillo.
Este acontecimiento marca un importante giro en la política interna del PRI y plantea interrogantes sobre el futuro liderazgo del partido. La invalidación de estas reformas significa que Alejandro Moreno Cárdenas no podrá extender su mandato más allá del tiempo originalmente establecido. Dicho acontecimiento podría tener repercusiones significativas para el tricolor en el contexto político actual.
La decisión del INE resalta el papel que desempeña este organismo en la regulación y supervisión de los partidos políticos en México.
