La madrugada del 2 de octubre de 2025, el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Amparo, así como ajustes al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada con 70 votos a favor y 39 en contra.
Entre los cambios aprobados se incluye: 
- Digitalización de expedientes para agilizar procesos.
- Reglas más claras en materia de suspensión, especialmente en casos fiscales y de delitos graves.
- Reconocimiento del interés legítimo en lo individual y colectivo.
- Plazos procesales más definidos para evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente.
El senador Manuel Huerta presentó una reserva para precisar que los juicios en trámite continuarán con las disposiciones actuales, lo que, dijo, evita interpretaciones de retroactividad. “Lo que se logra es impedir abusos del amparo como recurso para retrasar sentencias firmes y evadir el cumplimiento de la justicia”, afirmó.
Argumentos y posturas encontradas
Para legisladores oficialistas como Manuel Huerta y Ana Lilia Rivera, la reforma devuelve al amparo su esencia protectora y evita que sea usado como un “escudo de impunidad”. Rivera destacó que las modificaciones se sustentan en criterios jurisprudenciales ya vigentes y que ahora se incorporan con fuerza de ley, asegurando certeza y eficacia.
La oposición, en cambio, sostuvo que los cambios limitan derechos procesales. La senadora Carolina Viggiano advirtió que modificar reglas en juicios ya iniciados vulnera la confianza en la justicia. Desde el PAN, Verónica Rodríguez acusó que la reforma busca dar más facultades a la autoridad y reducir las garantías de los ciudadanos.
Pese a las críticas, la reforma fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. El debate dejó claro que el amparo, considerado durante décadas como una herramienta fundamental de defensa ciudadana, enfrenta hoy un rediseño que divide posturas sobre su alcance y futuro.
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