La diputada Verónica Martínez García (PRI) ha propuesto una iniciativa para tipificar el acecho como delito en el Código Penal Federal de México. Con penas de seis meses a dos años de prisión y multas de hasta quinientas veces el valor diario de la UMA. Esta propuesta busca abordar una conducta que, aunque ya es reconocida como problemática, no se encuentra claramente definida en el marco legal actual.
¿Qué implica el acecho como delito?
La iniciativa propone que el acecho sea entendido como el acto de seguir, vigilar o comunicarse repetidamente con una persona en contra de su voluntad, atentando contra su seguridad, libertad e intimidad. Para ser considerado delito, el comportamiento debe repetirse al menos en dos ocasiones y causar un perjuicio significativo en la vida diaria de la víctima, limitando su libertad de tomar decisiones o actuar con normalidad.
En caso de que el acecho se realice con el uso de un arma o si la persona involucrada tiene antecedentes de comportamiento similar, las sanciones se duplicarían. La propuesta también establece que, si el acecho involucra a menores de edad, personas con discapacidad o víctimas especialmente vulnerables, las penas aumentarán. 
Protección a víctimas vulnerables
La iniciativa también especifica que, si el acecho resulta en daños a la integridad física de la víctima o su familia, la pena podría aumentar hasta cinco años de prisión. Esto resalta el enfoque de la propuesta en proteger a las personas más vulnerables y evitar que el acecho se convierta en un delito de mayor gravedad.
El acecho, al ser un comportamiento que puede generar un impacto psicológico grave, se considera una forma de violencia autónoma que debe ser reconocida legalmente para proteger la libertad y seguridad de las víctimas.
La propuesta está actualmente en análisis y fue turnada a la Comisión de Justicia. En su exposición de motivos, Martínez García señala la necesidad de que el acecho se reconozca como un delito para evitar que situaciones de violencia escalen y que la justicia no se limite a un ámbito territorial. De ser aprobada, esta reforma podría constituir un paso importante en la protección de las víctimas de acecho y en la creación de un marco legal más amplio contra las formas de violencia no siempre contempladas en el código actual.
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