A un año de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el panorama en México genera inquietud. De acuerdo con la ex comisionada Julieta del Río Venegas, los cambios en el modelo de acceso a la información han derivado en un sistema más centralizado y con menor autonomía.
Desde su creación, el INAI acumuló más de 10 millones de solicitudes de información y desarrolló la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que concentra más de 15 millones de registros. Sin embargo, tras su desaparición el 20 de marzo de 2025, el nuevo esquema ha mostrado limitaciones.
Del Río advierte que hoy el gobierno actúa como “juez y parte” en los procesos de transparencia, lo que ha generado desconfianza entre ciudadanos, periodistas y organizaciones. 
Uno de los principales retos se observa en la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta central para consultar datos públicos.
Entre las problemáticas detectadas destacan:
- Información incompleta y fallas en las búsquedas.
- Ausencia de archivos previamente disponibles.
- Cambios que afectan su operatividad y accesibilidad.
Además, el nuevo organismo “Transparencia para el Pueblo” presenta diferencias en la forma de acceso a resoluciones:
- No cuenta con listados públicos detallados.
- La información disponible es parcial y desactualizada.
- Solo se muestran datos gráficos de algunos meses recientes.
Este contexto limita el seguimiento de recursos de revisión y dificulta conocer la respuesta institucional a solicitudes ciudadanas.
Otro punto de preocupación es la protección de datos personales. Según Del Río, nunca antes se habían registrado tantas vulneraciones y filtraciones en México.
Entre los efectos señalados:
- Incremento en fraudes en línea y robo de identidad (hasta 40% más reportes).
- Uso indebido de bases de datos y llamadas de extorsión.
- Mayor uso de la figura de “información reservada” en temas de interés público.
Asimismo, el mecanismo de revisión cambió de manera significativa: ahora los recursos se presentan ante instancias dependientes del Poder Ejecutivo, lo que obliga a los ciudadanos a recurrir con mayor frecuencia al juicio de amparo, haciendo el proceso más complejo y costoso.
A nivel estatal, varias entidades han trasladado estas funciones a áreas sin autonomía equivalente, e incluso algunas aún no han implementado completamente los nuevos esquemas.
Las fallas en plataformas, los cambios institucionales y el aumento de riesgos en datos personales abren un debate sobre el futuro de estos derechos y la necesidad de fortalecer su garantía en beneficio de la sociedad.
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