En un contexto marcado por la exigencia de justicia y seguridad para las mujeres, el Gobierno de México anunció una iniciativa que busca transformar la forma en que se atiende la violencia feminicida. De acuerdo con lo informado en conferencia oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Senado una propuesta de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio.
El objetivo, señaló, es claro: evitar que cualquier muerte violenta de una mujer quede impune o sea mal clasificada.
Nuevas bases para investigar el feminicidio
La iniciativa plantea cambios en la forma en que las autoridades abordan estos casos. Entre los principales puntos destacan: 
- Toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse desde el inicio como feminicidio.
- Se implementará el turno continuado para garantizar investigaciones sin interrupciones.
- El delito será perseguido de oficio, con procesos continuos y sin prescripción.
Además, se busca homologar los protocolos en todo el país, incorporando la perspectiva de género en cada etapa del proceso.
Sanciones y agravantes
La propuesta contempla penas más severas y criterios específicos para tipificar el delito:
- Prisión de 40 a 70 años.
- Nueve razones de género para su clasificación.
- 21 agravantes, como que la víctima sea menor de edad, adulta mayor o con discapacidad.
También se establecen consecuencias adicionales para los responsables, como la pérdida de derechos familiares y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Derechos de las víctimas y prevención
El proyecto incorpora medidas para garantizar atención integral a víctimas y sus familias:
- Acceso a justicia, atención médica y psicológica.
- Asistencia jurídica gratuita.
- Apoyo a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
- Prohibición de difundir imágenes de las víctimas en plataformas digitales.
Asimismo, se contemplan acciones de prevención, como campañas de concientización, creación de registros nacionales y fortalecimiento de espacios de atención.
La iniciativa de Ley General contra el feminicidio plantea un enfoque integral que abarca investigación, sanción y atención a víctimas. Con su envío al Senado, se abre un proceso legislativo que busca establecer criterios comunes en todo el país y fortalecer la respuesta institucional frente a este delito.
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