El “Plan C” de AMLO se refiere a un ambicioso paquete de 18 reformas constitucionales que buscan transformar varios aspectos del sistema político, económico y social de México. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la elección popular de ministros de la Corte, magistrados y jueces federales y locales.
Proceso de elección de magistrados
La propuesta de reforma judicial del “Plan C” sugiere que todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces sean elegidos por voto popular, reemplazando el sistema actual de nombramiento por el Poder Ejecutivo y ratificación del Senado. Los ciudadanos elegirían a estos funcionarios cada nueve años, con posibilidad de reelección por un periodo adicional. La reforma también reduciría el número de ministros de la Corte de 11 a 9 y crearía una Oficina Judicial Nacional para organizar y disciplinar al Poder Judicial, con atribuciones para designar, destituir y transferir jueces.
El Poder Ejecutivo, la SCJN y el Congreso propondrán cada uno 10 candidatos para estos cargos. Los nuevos ministros servirán entre 8, 12 y 14 años, dependiendo de su votación. Además, la reforma contempla la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, compuesto por cinco magistrados con autoridad para investigar y sancionar a jueces por corrupción, tráfico de influencias, nepotismo y otros delitos, que empezaría a funcionar el 1 de septiembre de 2025. 
Requisitos para ser candidato
- Los candidatos deberán poseer un título de licenciatura en Derecho con una antigüedad mínima de 10 años.
- Se requiere una experiencia mínima en el ejercicio de la profesión, en la judicatura o en el ámbito académico relacionado con el Derecho.
- Los candidatos no deben haber sido funcionarios federales en los últimos años, asegurando así su independencia de los poderes políticos.
- Los aspirantes deben tener una trayectoria profesional y personal intachable, sin antecedentes de corrupción o falta de ética.
- Se valorará el compromiso demostrado con la justicia, los derechos humanos y la equidad.
¿Cuáles son los desafíos de la reforma?
- La elección popular podría politizar el sistema judicial, haciendo a los jueces susceptibles a la influencia de campañas y demagogia, y erosionando su independencia sin garantías de objetividad en la selección.
- Las elecciones judiciales a nivel federal y en los 32 estados implicarían costos significativos, lo que podría afectar el presupuesto destinado a otros sectores.
- En países como Estados Unidos, la elección de jueces estatales ha sido criticada por el efecto corrosivo del dinero en las campañas, donde grupos de interés buscan influir en los resultados de los casos. Esto genera la percepción de que los jueces electos puedan favorecer a sus financiadores, comprometiendo su imparcialidad.
- Los métodos internacionales recomendados para garantizar jueces independientes e imparciales se basan en nombramientos públicos, objetivos y transparentes fundamentados en el mérito y las calificaciones. La elección popular no necesariamente premia estos criterios, lo que podría resultar en jueces menos capacitados e idóneos.
- La propuesta de renovar por completo el Poder Judicial federal cada cierto tiempo mediante elecciones generaría inestabilidad y falta de continuidad en el sistema judicial.
Esta propuesta busca mayor transparencia y participación ciudadana mediante la elección popular de magistrados y jueces. A su vez enfrenta retos que podrían comprometer la independencia y eficacia del Poder Judicial. La discusión y análisis en el Congreso serán cruciales para determinar su viabilidad y su impacto en el futuro de México.
Denise Santana
