Después de las disposiciones legales establecidas en el 2021 con respecto a la subcontratación, mejor conocida como outsourcing, se libró una nueva disputa en el máximo tribunal de la nación para establecer las nuevas reglas, luego de un amparo solicitado por una empresa de seguridad.
El amparo va enfocado hacia los cambios que prohibieron el outsourcing basado en suministro de personal. De tal manera, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio respuesta a toda una serie de cuestiones que incluían:
- Igualdad: por la transición diferenciada de la reforma entre el sector privado y público.
- Seguridad jurídica y confianza legítima: por la imposición de nuevas reglas para operar y la pérdida de efectos fiscales de las facturas al no cumplirlas, además de modificar elementos esenciales de la tributación, así como en una falta de definición clara de lo que se considera un servicio especializado.
- Razonabilidad y proporcionalidad: por la prohibición inmediata de la subcontratación de personal y tiempos insuficientes para modificar estructuras corporativas en respuesta.
- Libertad de comercio: pues limitar la subcontratación de servicios especializados no considera las necesidades de las industrias e impide que las empresas se dediquen al comercio que mejor les acomode.
- Irretroactividad: porque la reforma aplicó para los contratos celebrados antes de su entrada en vigor.
- Derecho de audiencia: porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) puede cancelar el registro de una empresa prestadora de servicios especializados sin ningún tipo de audiencia para desvirtuar los incumplimientos imputados.
- A la libertad de trabajo: al desaparecer la subcontratación de personal y permitir la prestación de un servicio especializado con un registro ante la STPS que puede ser negado o no renovado.
- Discriminación: porque se anula la igualdad de oportunidades o de trato en un empleo al forzar a los empleadores a sólo subcontratar servicios especializados.
Por su parte, la Segunda Sala, donde fue atendida esta problemática, destacó que los argumentos son infundados. Asimismo, se reiteró que la constitucionalidad de las reglas obedece a un único fin: inhibir las prácticas indebidas en la subcontratación laboral y proteger los derechos de los trabajadores. 
Asimismo, indicaron que, aunque existe un trato desigual entre la subcontratación de personal y la de servicios especializados, apuntan que las medidas se hicieron con el fin de evitar abusos al erradicar los vacíos legales.
