Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de una iniciativa para reformar la Constitución con el objetivo de que el delito de extorsión sea perseguido de oficio, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal. Esta medida busca que México asuma un papel activo en el combate a este delito.
Propuesta de reforma constitucional
La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados plantea una modificación al inciso a), fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de que el Congreso de la Unión pueda expedir una Ley General contra la Extorsión. Dicha legislación establecerá las bases para que todas las entidades federativas legislen de forma coordinada en esta materia.
De acuerdo con Sheinbaum, “la víctima no es solamente quien recibió la extorsión, sino que el Estado mexicano se asume como víctima y atiende el delito”. Esta nueva visión institucional refuerza el objetivo de combatir de forma estructural las distintas modalidades de extorsión que afectan a la ciudadanía. 
Herramientas de atención y denuncia
Desde el 6 de julio de 2025 se activó el número nacional 089, a través del cual se pueden realizar denuncias anónimas de extorsión. A partir de estas llamadas, se inicia un proceso de investigación por parte de las unidades especializadas, sin exponer directamente a la víctima.
La estrategia, explicada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se compone de cinco ejes principales:
- Habilitación del número único 089 para denuncias.
- Cancelación inmediata de líneas telefónicas utilizadas para extorsionar.
- Orientación a víctimas.
- Generación de carpetas de investigación por parte de fiscalías estatales.
- Despliegue de células de inteligencia y unidades contra extorsión y secuestro.
Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, señaló que esta ley permitirá combatir la extorsión mediante herramientas eficaces de investigación, y que se regirá por principios de coordinación y colaboración institucional.
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