El domingo 13 de junio, trabajadores de la industria creativa se reunieron en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, para participar en un mitin convocado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales (AMELOC). Con el objetivo de solicitar la creación de un marco legal que regule el uso de la voz humana frente al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial (IA).
Durante la manifestación, participaron actores, locutores, músicos, técnicos y estudiantes, quienes expresaron su preocupación por el avance de tecnologías que permiten replicar voces sin autorización. Según AMELOC, el uso no consensuado de grabaciones vocales mediante IA representa un riesgo creciente para quienes dependen profesionalmente de su voz.
Este acto colectivo reflejó una inquietud que ha comenzado a tener mayor visibilidad en la industria del entretenimiento. Los manifestantes solicitaron a las autoridades federales implementar medidas para proteger sus derechos laborales y creativos en el contexto de la transformación digital. 
Sheinbaum responde a la petición
En respuesta a las demandas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el lunes que su administración desarrollará “esquemas de protección” para salvaguardar el trabajo y la voz de quienes se dedican al doblaje y otras ramas relacionadas. A través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Cultura, se convocará a representantes del sector para definir los mecanismos legales adecuados.
Además, Sheinbaum reconoció el valor histórico de la profesión del doblaje en el país. Enfatizando la necesidad de establecer regulaciones que impidan el uso indebido de la voz. Esta declaración marca un primer paso para atender las preocupaciones manifestadas durante el mitin y abrir un diálogo entre gobierno e industria creativa.
El caso mexicano se suma a las discusiones globales sobre la propiedad intelectual y el uso ético de herramientas de inteligencia artificial. Las demandas de AMELOC y ANDA buscan impulsar una legislación que defina límites claros en el uso de estas tecnologías y asegure condiciones laborales justas para los profesionales del sector.
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