México está envejeciendo. Lo sabemos hace años, pero seguimos sin actuar. En 2024, se estima que en nuestro país más del 8 % de la población tenía 65 años o más. Esto representa más de 10 millones de personas que para 2050 se triplicaría, según estimaciones de la ONU.
¿Estamos listos para ese momento? De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, México gasta el 3.6 % del PIB en pensiones, pero el 60 % de los adultos mayores no tienen una pensión contributiva y dependen de apoyos sociales o familiares. Para darnos una idea, la media intencional sugerida por la OCDE ronda el 7.7 % del PIB, es decir, estamos por debajo de la mitad de lo mínimo indispensable.
Japón es uno de los países de los que podemos aprender. Lidera el mundo en envejecimiento con casi el 30 % de su población arriba de los 65 años. Lejos de colapsar, ha respondido con automatización, infraestructura accesible, seguros públicos robustos y políticas activas de “empleo senior”: un concepto que va tomando más fuerza en el mundo pero que en México existe más por necesidad que por una estructura económica que lo incentive. 
Para fomentarlo se pueden seguir buenas prácticas como la de Alemania, donde su gobierno ha creado incentivos fiscales para empresas que contratan adultos mayores y programas de reconversión de vivienda. Sin irnos más lejos, en Chile se instauró una pensión universal básica para mayores de 65 años desde 2022.
La longevidad: un mercado rentable
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 (ENADIS) reveló que el 25 % de los adultos mayores siente que el entorno físico de su ciudad limita su movilidad. Es decir, las ciudades no envejecen con su gente y esto podría representar grandes pérdidas económicas por no saber aprovechar mercados en crecimiento.
De acuerdo con el Global Longevity Economy Outlook de AARP, el gasto global de los adultos mayores superará los 15 billones de dólares en 2050. En México, sectores como salud privada, tecnología de asistencia, servicios financieros personalizados, vivienda geriátrica y turismo accesible aún están subexplotados. Por ello, los negocios que entiendan primero cómo atender la vejez tendrán una ventaja competitiva sobre el resto.
El envejecimiento también implica repensar los marcos legales y fiscales. De acuerdo con el IMCO, la proporción de trabajadores activos por cada pensionado pasó de 9:1 en 2000 a menos de 4:1 en 2024. Y seguirá bajando. Si no se actúa ahora, se espera que el sistema colapse antes de 2040. Es por ello que la transición hacia modelos de pensión mixtos (privados-públicos), voluntarios y sostenibles ya no es una idea: es una urgencia.
