La reciente sesión de la 64 Legislatura en Zacatecas, marcada por la presentación del Proyecto de Paquete Económico 2024, ha puesto de manifiesto un escenario desafiante para el Poder Judicial. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nahle García, expresó su preocupación ante el desafío presupuestal en Zacatecas propuesto por el gobernador David Monreal Ávila para el próximo año.
Desafío Presupuestal en el Poder Judicial
El magistrado Nahle García detalló que el presupuesto asignado para 2024 es insuficiente en comparación con el ejercicio fiscal actual. Con un presupuesto real de 636 millones en 2023, la asignación propuesta para el próximo año es de solo 630 millones, lo que representa una disminución preocupante para el funcionamiento del Poder Judicial.
El recorte presupuestal ha generado un debate sobre la autonomía y las facultades del Poder Ejecutivo en la asignación de recursos a otros poderes. Aunque el magistrado Nahle García mencionó la posibilidad de una controversia constitucional, también subrayó la importancia de evitar confrontaciones entre poderes, buscando en cambio la colaboración y el respeto mutuo. 
Repercusiones en la Justicia y Seguridad
Este recorte presupuestal podría tener un impacto significativo en la implementación de sistemas judiciales clave y en la capacidad del Poder Judicial para manejar eficientemente las crecientes cargas de trabajo. Además, el magistrado destacó que el Poder Judicial de Zacatecas es uno de los peor pagados del país, lo que podría afectar la calidad y eficiencia de la justicia en el estado.
Respuesta de la Legislatura y Riesgo de Protestas
Los legisladores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se comprometieron a revisar y atender las demandas del Poder Judicial. Sin embargo, existe un riesgo latente de protestas y conflictos laborales si no se atienden adecuadamente las necesidades presupuestales, como lo advirtió el magistrado Virgilio Rivera Delgadillo.
La situación actual plantea un desafío crítico para el Poder Judicial en Zacatecas. La eficacia en la impartición de justicia y la seguridad en el estado podrían verse comprometidas si no se resuelven adecuadamente las preocupaciones presupuestales.
