Zacatecas, reconocido por su riqueza minera, se presenta como un territorio con oportunidades para quienes desean invertir en el sector. La creación de una empresa minera implica conocer procesos legales, administrativos y sociales que garantizan el funcionamiento adecuado de la operación y el respeto a la normativa vigente.
Requisitos para ciudadanos mexicanos
Según el Manual del Inversionista en el Sector Minero Mexicano, para ciudadanos mexicanos, establecer una empresa minera requiere definir la forma de emprender considerando: la autoría de la idea, la administración necesaria, la disponibilidad de capital, el tamaño del proyecto y los conocimientos requeridos.
La constitución legal se realiza ante un notario público mediante un acta constitutiva o contrato social. Este documento que incluye datos esenciales como: razón social, socios, aportaciones, estatutos de operación, distribución de utilidades, entre otros. 
Requisitos para extranjeros
Las personas físicas o morales extranjeras cuentan con la Ventanilla Única para Inversionistas. La cual guía sobre los trámites legales, migratorios y fiscales para establecer una empresa o invertir en México.
De acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera, existen distintos niveles de participación: actividades reservadas al Estado, limitadas a mexicanos, con límites de inversión extranjera o libres hasta 49% con autorización de la CNIE para superar dicho porcentaje.
El Artículo 27 de la Constitución establece que los recursos naturales son propiedad de la nación y su explotación está regulada por el Gobierno Federal, la Ley de Minería, su reglamento y diversas normas secundarias ambientales, laborales, fiscales y de propiedad.
¿Y las concesiones mineras?
Las concesiones se otorgan mediante concursos públicos que buscan beneficios económicos y cuidado ambiental. La Secretaría de Economía, junto con SEMARNAT, CONAGUA e INPI, publica las bases y coordina la evaluación. Tienen una duración de 30 años, prorrogables 25 más, destinando los primeros cinco a actividades pre-operativas.
Los titulares deben realizar estudios de impacto social, considerando desplazamientos, infraestructura, servicios y efectos económicos o culturales en la comunidad.
Del mismo modo, la ley de minería exige que las concesiones en territorios indígenas o afromexicanos cuenten con una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. ¡Ahora ya lo sabes!
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