La discusión sobre el Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales volvió al centro del debate público luego de que la Cámara Minera de México (CAMIMEX) expresara su preocupación por las posibles afectaciones que la redacción vigente tendría para las operaciones mineras en el país. La postura fue publicada en un comunicado del 2 de diciembre de 2025, difundido por el organismo, que agrupa a las principales empresas mineras del territorio nacional.
De acuerdo con la Cámara, la modificación propuesta por la Cámara de Diputados podría limitar la construcción de infraestructura esencial para la actividad minera, lo que generaría repercusiones económicas, sociales y productivas.
CAMIMEX pidió al Poder Legislativo revisar a profundidad la redacción contemplada para el Artículo 118. Según la organización, tal como está planteado, impediría instalar infraestructura minera en gran parte del territorio, sobre todo en regiones montañosas donde se ubica la mayor parte de los yacimientos. 
La Cámara sostuvo que este escenario afectaría la continuidad operativa de los proyectos y tendría repercusiones directas en la producción de minerales estratégicos, necesarios para sectores industriales y para la seguridad nacional.
El comunicado enfatiza que la minería formal en México no vierte ni pretende verter desechos tóxicos en ríos, lagos o cuerpos de agua, y que cualquier residuo derivado del procesamiento de minerales se maneja mediante infraestructura regulada:
- Depósitos de jales diseñados conforme a la normatividad de la SEMARNAT.
- Supervisión con base en información técnica.
- Estándares internacionales aplicados en obras para el manejo de aguas residuales y residuos mineros.
La Cámara aclaró que la construcción de esta infraestructura no implica descargas directas al agua, sino la instalación de sistemas regulados y supervisados por la autoridad.
Impactos económicos y sociales que inquietan al sector
CAMIMEX señaló que la prohibición planteada afectaría a más de 3 millones de personas que dependen directa o indirectamente de la minería. Además, advirtió que limitar el desarrollo de infraestructura relacionada con residuos y manejo del agua podría llevar a México a depender de la importación de minerales en lugar de producirlos.
El organismo subrayó que el país necesita una regulación sólida y sustentada en evidencia técnica, capaz de proteger a la población y el medio ambiente mientras mantiene la viabilidad de sectores considerados estratégicos.
Elementos que, según CAMIMEX, deben incluirse en el Artículo 118
La Cámara enumeró los puntos que considera indispensables para lograr un marco regulatorio funcional:
- Especificar que los residuos mineros se confinan de forma segura y no se descargan en cuerpos de agua.
- Tomar en cuenta la geografía del país, donde zonas federales se ubican en áreas montañosas donde la minería opera desde hace décadas.
- Reconocer la importancia de las autorizaciones y la supervisión permanente de infraestructura en zonas federales para garantizar cumplimiento ambiental.
Finalmente, CAMIMEX reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno de México en un marco regulatorio eficaz y sustentable. La discusión del Artículo 118 continuará en el proceso legislativo, mientras distintos sectores analizan las implicaciones del cambio y sus efectos en la regulación ambiental y la operación minera.
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