Según Macario Schettino, en su columna “Fuera de la Caja” publicada en El Financiero, en los últimos años el salario mínimo en México se ha convertido en uno de los temas más mencionados en discursos y medios de comunicación. Para muchos, representa un avance en materia de justicia laboral, sin embargo, desde mediados de 2022, los aumentos anuales han superado lo que el entorno económico podía sostener. Hoy, los efectos ya son visibles y afectan principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El debate sobre incrementar el salario mínimo comenzó a tomar fuerza en 2016. En ese momento, duplicar el salario parecía viable. Era una forma de reconocer una realidad ya instalada: pocas personas ganaban menos que esa cantidad. El problema vino después. Aunque el objetivo inicial se alcanzó en 2022, los ajustes continuaron de forma acelerada. La crítica ahora apunta a que los empresarios no frenaron esta política, pese a los posibles efectos secundarios.
Desde 2024 comenzaron a notarse los primeros indicios de retroceso en el mercado laboral. De acuerdo con los datos disponibles hasta junio de 2025 han desaparecido: 
- 10 mil negocios unipersonales.
- 16 mil microempresas con entre dos y cinco trabajadores.
- Poco más de 3 mil pequeñas empresas con hasta 50 empleados.
Incluso las medianas, con 51 a 250 trabajadores, han perdido terreno desde octubre del año pasado, con una caída de más de 1,300 unidades. Las grandes empresas tampoco presentan signos de recuperación: aquellas con entre 251 y 500 trabajadores han cerrado 68 en los últimos diez meses.
Más allá de las cifras, el problema radica en las condiciones que enfrentan las empresas para operar. Las pequeñas y medianas unidades productivas, que suelen ser más vulnerables a los cambios fiscales y laborales, han enfrentado mayores dificultades para cubrir costos sin trasladarlos a los consumidores o recurrir a recortes. En este contexto, el aumento continuo del salario mínimo presionó aún más su estabilidad.
El caso del salario mínimo en México ilustra cómo una medida popular puede transformarse en un factor de riesgo si no se adapta al contexto económico. A corto plazo, el beneficio para millones de trabajadores fue evidente. Sin embargo, los efectos en el sector productivo comienzan a mostrar otro lado de la historia: el de las empresas que ya no están, los empleos que se perdieron y un Estado con menos herramientas para reaccionar.
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