El magistrado Arturo Nahle García, quien actualmente se desempeña como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), ha sido electo de manera unánime para representar a varios estados de la República Mexicana en la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar. Esta comisión es presidida por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
La labor de esta comisión es de gran relevancia, ya que su objetivo principal es coordinar y promover la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar. El magistrado Nahle García, al asumir su cargo en esta comisión, destacó la importancia de asignar los recursos necesarios para llevar a cabo esta implementación en el plazo de cuatro años que establece el Código correspondiente.
Nahle subrayó que el Nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar representa el legado más importante de la Cuarta Transformación en materia de justicia. Lo considera superior al Sistema de Justicia Penal que se implementó en sexenios anteriores, pero advirtió que este logro se verá comprometido si no se le asignan los recursos necesarios para infraestructura, equipamiento y capacitación. 
Esta comisión representa un paso significativo en la búsqueda de una justicia más eficiente y equitativa en México, y se espera que el magistrado Arturo Nahle García desempeñe un papel fundamental en este importante proceso. Los estados que serán representados en esta comisión son Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas.
¿Cómo es la Coordinación del Sistema de Justicia?
La Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia estará compuesta por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, organizada en cinco regiones. También se contará con la participación de la Presidencia de la Comisión de Justicia del Congreso Local correspondiente, además de otros representantes.
El propósito fundamental de esta comisión es brindar asistencia técnica a los Poderes Judiciales, tanto a nivel federal como local, para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto incluye el desarrollo de habilidades, destrezas y prácticas procesales adecuadas, así como la definición de estándares uniformes de operación del sistema y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados.
Además, la comisión se encargará de analizar y acordar las políticas de coordinación necesarias para la instrumentación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como la armonización legislativa en todo el territorio nacional. Para ello, podrá convocar a grupos de la sociedad y la academia.
