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Aumenta el mobbing a través de medios electrónicos en México 

Según una encuesta realizada por OCC Mundial, el mobbing o violencia laboral, incluyendo el acoso psicológico, ha experimentado un notable aumento en el último año en México, afectando a tres de cada 10 personas tanto en entornos de trabajo presencial como en medios electrónicos

Los tipos más comunes de violencia laboral en medios digitales incluyen el envío de mensajes ofensivos, la propagación de rumores en redes sociales y el intercambio de fotos inapropiadas, entre otros. Estos comportamientos son considerados como formas de acoso laboral de acuerdo con el Convenio 190 de la OIT, el cual ya está en vigor en México.

La encuesta de OCC Mundial revela que el 58% de las personas que han sido víctimas de violencia laboral en medios digitales han experimentado estas situaciones a través de correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales.

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Con la digitalización, el mobbing también se ha trasladado al escenario virtual. A raíz de la pandemia, todas las formas de trabajo y comunicación han cambiado, y junto con ello, la violencia en el lugar de trabajo.

Incluso con modelos de trabajo híbridos, la comunicación entre las personas continúa, y comportamientos inapropiados y ofensivos también se han trasladado a plataformas digitales como Zoom o grupos de WhatsApp.

El Convenio 190 de la OIT, que entró en vigor en México en julio de este año, define la violencia y el acoso en el trabajo y reconoce que no se limitan solo al espacio físico de trabajo, sino que también pueden manifestarse en medios de comunicación relacionados con el empleo, incluyendo tecnologías de la información como el correo electrónico o programas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram.

A pesar de esta normativa, la encuesta de OCC Mundial revela que el 41% de las empresas no cuenta con medidas para prevenir el acoso laboral, ya sea en el lugar de trabajo o en entornos digitales. Por tanto, es importante que las empresas implementen sistemas de denuncia efectivos y políticas que protejan a los denunciantes para abordar este problema de manera integral.

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