La iniciativa con Proyecto de Decreto para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos plantea acelerar la adopción de pagos digitales en México mediante el aprovechamiento de herramientas ya existentes como SPEI y CoDi. De acuerdo con el Gobierno de México, la propuesta forma parte de una ruta hacia la digitalización de la economía, con el objetivo de reducir el uso del efectivo y favorecer la seguridad, la eficiencia en las transacciones y la formalización de actividades económicas al generar un historial de pagos dentro del sistema financiero.
Sin embargo, la iniciativa no establece la eliminación general del efectivo en el país. Lo que sí contempla es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda determinar los “sectores estratégicos y actividades relevantes” en los cuales los medios de pago digitales y electrónicos podrán ser la única forma de pago aceptada. Además, prevé excepciones para situaciones en las que una contingencia impida realizar cobros electrónicos, permitiendo temporalmente el uso de efectivo o cheque.
Pese a que la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) señala un incremento del uso de la economía digital entre 2021 y 2024 (transferencias electrónicas y aplicaciones móviles aumentaron de 1.6% a 4.4%) y el uso de efectivo en compras de hasta 500 pesos disminuyó ( pasó de 90.1% a 85.2%), continuamos en un contexto donde el dinero físico continúa siendo el principal medio de pago. 
La iniciativa sustenta que gran parte de la población ya dispone de una herramienta para acceder a servicios de pago digitales, a la vez, señala la diferencia entre regiones ante la adaptación de pagos electrónicos. Por un lado en la capital del país casi el 10% de la población utilizó el teléfono celular como medio de pago más frecuente mientras que en la región sur apenas un 6% de la población ha adoptado dicho método.
Implicaciones para los mexicanos
Aunque la propuesta no incorpora nuevos impuestos ni modifica las tasas fiscales existentes la principal consecuencia sería una mayor trazabilidad de las operaciones económicas. Cada pago digital deja un registro electrónico que facilita el seguimiento documental de compras, ventas, ingresos y cobros lo que supone una mayor concentración de datos personales y financieros. En ese sentido, persiste el riesgo asociado a posibles ciberataques o filtraciones de datos, una vulneración de las bases de datos podría comprometer información bancaria o patrones de consumo, un riesgo que ya se vive en cualquier sistema digital y que se vuelve más relevante conforme aumenta su utilización.
Además, la transición hacia una mayor digitalización también implicaría una creciente dependencia tecnológica y la creación de mejor infraestructura. Para aprovechar el sistema propuesto sería necesario asegurar contar con teléfono móvil, acceso a internet, herramientas de pago digital.
El despacho RMR Abogados señala que uno de los principales aspectos por vigilar es la determinación posterior que realice la SHCP. Debido a que la iniciativa no define qué debe entenderse por “sector estratégico” o “actividad relevante”, ni establece parámetros sustantivos para seleccionar a los sujetos obligados.
De igual forma, advierte que los negocios que actualmente operan principalmente con efectivo podrían verse obligados a realizar ajustes en infraestructura, apertura de cuentas, conciliación de operaciones y procesos internos si llegaran a formar parte de algún sector designado.
