A partir de enero de 2026, México pondrá en marcha un padrón obligatorio que asociará cada línea móvil, ya sea prepago, pospago, SIM física o eSIM, a una persona física o moral. El objetivo declarado es reducir extorsiones y fraudes telefónicos en un país donde en 2024 se registraron 5.7 millones de casos de extorsión, equivalente a 5 900 por cada 100 000 habitantes.
Para cumplir con la nueva norma, los usuarios deberán vincular sus líneas mediante credencial de elector o pasaporte y CURP, mientras que las empresas aportarán su RFC. Se permitirá la asociación de hasta diez líneas por usuario. La fecha límite para registrar líneas existentes es el 29 de junio de 2026; pasado ese plazo, las líneas sin registro quedarán limitadas a llamadas de emergencia.
Lineamientos y riesgos del padrón obligatorio de telefonía
El padrón implica una operación logística de gran escala: se estima que más de 143 millones de líneas deberán inscribirse en los primeros 120 días del programa. Operadores como Telcel, AT&T y Telefónica México instalarán plataformas tecnológicas para validar identidades y capturar datos biométricos. 
La inversión supera los 4 050 millones de pesos e involucra desde centros de atención hasta aplicaciones móviles. El marco legal contempla sanciones para usuarios y empresas que no cumplan, que van desde multas hasta la desconexión del servicio. La medida abarca también a los operadores móviles virtuales, que deberán arrendar infraestructura para ajustarse a la regulación.
¿Solución o riesgo?
Expertos y organizaciones de derechos digitales advierten que el padrón podría no ser una solución definitiva. En 2021, un registro similar (PANAUT) fue declarado inconstitucional, y estudios señalan que la mayoría de las extorsiones se cometen con datos obtenidos de filtraciones de bases públicas y privadas.
El Instituto Nacional de Estadística ha documentado que siete de cada diez víctimas acceden a pagar ante amenazas verosímiles, alimentadas por información que circula en la dark web. Además, quedan dudas sobre la seguridad de los datos: las bases serán administradas por los operadores bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales, pero el riesgo de filtraciones persiste.
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