El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el objetivo de reforzar la protección del sistema financiero nacional frente a operaciones ilegales.
Nuevas obligaciones
La propuesta legislativa contempla la incorporación de nuevas actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos. Asimismo, establece como obligatorio el registro del beneficiario final en ciertas transacciones, lo que permitirá mejorar los procesos de supervisión e identificación de quienes se benefician económicamente de estas operaciones.
Además, la reforma plantea fortalecer la coordinación institucional en la lucha contra el lavado de dinero, integrando herramientas de supervisión que cumplan con los estándares internacionales definidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 
Opiniones divididas en el Senado
Durante la presentación, el senador Javier Corral Jurado (Morena) explicó que la reforma busca proteger la economía mexicana al cerrar brechas que permiten el ingreso de recursos ilícitos. Por su parte, el senador Óscar Cantón Zetina (Morena) señaló que se trata de una medida necesaria contra la delincuencia organizada.
No obstante, legisladores de oposición manifestaron preocupaciones. La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) señaló riesgos para la privacidad y la presunción de inocencia, además de advertir sobre la asignación de atribuciones que no corresponden a la Secretaría de Hacienda.
A estas críticas respondió el senador Luis Alfonso Silva Romo (PVEM), quien aclaró que no se están otorgando facultades penales a nuevas autoridades, sino que la reforma tiene un carácter preventivo y administrativo, limitado a sectores con riesgo real de operaciones ilícitas.
La reforma permanece ahora en análisis por la Cámara de Diputados, donde se prevé una discusión que incluya aspectos de control constitucional, protección de datos y el alcance de las nuevas obligaciones administrativas.
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